En diciembre de 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó a Ripple Labs, a su consejero delegado Brad Garlinghouse y al cofundador Chris Larsen. La acusación era concreta: haber vendido XRP como un valor (security) no registrado, recaudando más de 1.300 millones de dólares sin cumplir la normativa federal. Lo que siguió fue un proceso de casi cuatro años que redefinió cómo los reguladores ven los criptoactivos, y cuyas implicaciones llegan hasta hoy.
Por qué la SEC demandó a Ripple
El argumento central de la SEC era que XRP no era una divisa ni una materia prima, sino un valor financiero. Para demostrarlo, aplicó el test Howey: una inversión de dinero en una empresa común con expectativa de beneficios derivados del esfuerzo de terceros. La SEC sostenía que quienes compraban XRP esperaban que Ripple Labs lo revalorizara.
Ripple respondió que XRP es un activo digital independiente que funciona en el XRP Ledger sin depender de la empresa. El argumento técnico importa: a diferencia de lo que ocurre con la minería de Bitcoin, el XRP Ledger no usa minería ni depende de un grupo de validadores controlado por Ripple. La empresa desarrolló el protocolo, pero no lo opera.
La distinción no era solo académica. Si XRP era un security, cada exchange que lo listó en Estados Unidos habría operado al margen de la ley. Muchas plataformas lo retiraron de forma preventiva nada más conocerse la demanda.
El fallo parcial de julio de 2023
En julio de 2023, la jueza Analisa Torres del Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York emitió una resolución que nadie esperaba en esos términos: XRP no es un valor cuando se vende en mercados secundarios a inversores minoristas, pero sí lo es cuando Ripple lo vende directamente a inversores institucionales en acuerdos privados.
Esta distinción tuvo tres efectos inmediatos.
- Los exchanges volvieron a listar XRP en Estados Unidos, y el precio del token subió más de un 70% en las 48 horas siguientes al fallo.
- La industria cripto usó el razonamiento del tribunal como escudo en otros casos regulatorios pendientes.
- La SEC recibió una derrota parcial que erosionó su postura de que "casi todo en cripto es un security".
Qué quedó sin resolver tras el fallo
El fallo de Torres no cerró el caso. La parte referida a las ventas institucionales siguió en pie. Ripple fue condenada a pagar 125 millones de dólares en concepto de multa civil por esas ventas institucionales, una cifra muy por debajo de los 2.000 millones que la SEC reclamaba.
La SEC apeló la parte del fallo que eximía a las ventas en mercados secundarios. Ripple también apeló la condena por ventas institucionales. Durante 2024 y buena parte de 2025, ambas partes mantuvieron el litigio abierto en el circuito de apelaciones del Segundo Circuito.
A principios de 2025, con un cambio de administración en Estados Unidos y una SEC bajo nueva dirección, la agencia retiró su apelación. El acuerdo definitivo se selló en los primeros meses de 2025, con la multa de 125 millones confirmada y el caso cerrado sin que Ripple admitiera culpa por las ventas en mercado secundario.
Qué significa para XRP como activo
El resultado del litigio no convierte a XRP en un activo libre de toda ambigüedad regulatoria. Establece que las ventas en mercados secundarios no constituyen una oferta de valores, pero no define categóricamente qué es XRP en todos los contextos posibles.
Esto tiene consecuencias prácticas para quien lo tiene en cartera. XRP no está en el limbo regulatorio de 2020, pero tampoco goza de la claridad que tiene Bitcoin, al que el regulador estadounidense reconoce como materia prima (commodity). En España, bajo el marco MiCA, XRP se trata como un criptoactivo sin clasificación especial, lo que facilita su comercialización en exchanges con licencia. Si quieres saber qué es Ripple y para qué sirve realmente XRP, el contexto regulatorio es parte inseparable de esa respuesta.
El impacto en la regulación cripto más allá de XRP
El caso SEC vs. Ripple abrió una grieta en la estrategia regulatoria de "enforcement primero, reglas después" que la SEC había aplicado durante años. La resolución de Torres fue citada en procesos contra otros proyectos y aceleró el debate en el Congreso estadounidense sobre la necesidad de una ley específica para criptoactivos.
Ese debate cristalizó en propuestas legislativas como la Clarity Act, que busca trazar líneas nítidas entre lo que es un valor y lo que es una materia prima digital. El litigio de XRP fue el detonante práctico que convirtió esa discusión en urgente.
Para el mercado en general, la resolución también actuó como recordatorio de que la clasificación regulatoria de un activo afecta a su precio, su liquidez y su disponibilidad en exchanges. No es un detalle técnico: es uno de los factores que mueve el mercado.
Lo que el caso revela sobre cómo invertir con criterio
Comprar XRP entre 2020 y 2023 implicaba asumir un riesgo regulatorio explícito. Quienes lo hicieron sin entender ese riesgo tomaron una decisión incompleta. Quienes lo evaluaron y decidieron mantener lo hicieron con información real sobre las posibles consecuencias.
Eso no es una anécdota. El riesgo regulatorio es una categoría de riesgo tan real como la volatilidad del precio. Un activo puede ser técnicamente sólido y estar expuesto a un proceso judicial que lo haga inaccesible durante años en mercados clave. Entender ese riesgo antes de comprar es parte del trabajo.
Si ya tienes XRP y te preguntas cómo declararlo en España, ten en cuenta que Hacienda lo trata como cualquier otro criptoactivo: las ganancias tributan en el IRPF y los saldos en exchanges extranjeros pueden requerir presentar el modelo 721. La guía sobre cómo declarar criptomonedas en España detalla qué operaciones debes reportar y cómo calcular la ganancia.
⚠ Riesgo: el cierre del caso SEC vs. Ripple no elimina la posibilidad de que otros reguladores, en Estados Unidos o en otros países, adopten interpretaciones distintas sobre XRP. La regulación cripto sigue evolucionando y puede cambiar las condiciones de uso o acceso al activo.
La información de este artículo tiene fines educativos y no constituye asesoramiento financiero, fiscal ni legal. Las criptomonedas son activos volátiles y puedes perder todo el capital invertido. Consulta con un profesional antes de tomar decisiones.